Los municipios del Ecuador no podrán emitir multas por exceso de velocidad detectado por radares hasta finales de este año. Así lo establece la Ley de Integridad Pública aprobada por la Asamblea Nocional y que fue publicada en el Registro Oficial, que introduce reformas clave en el ámbito del transporte y la seguridad vial. Durante los próximos seis meses, el uso de radares será únicamente preventivo, mientras la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) revisa la validez de las certificaciones técnicas de los dispositivos instalados en todo el país.
La disposición se sustenta en la necesidad de verificar si los radares cuentan con una calibración adecuada y certificada por laboratorios acreditados. Aunque desde febrero de este año se inició un proceso para que los gobiernos locales obtengan permisos de funcionamiento, la ANT confirmó que ningún municipio cuenta aún con certificados habilitantes. Además, incluso si los obtuvieran durante el segundo semestre, no podrán emitir sanciones hasta el 26 de diciembre de 2025.
Otro de los cambios relevantes es que las empresas proveedoras de radares ya no podrán recibir un porcentaje de las multas como forma de pago, una práctica que había generado controversia y cuestionamientos por posibles conflictos de interés. A partir de ahora, las municipalidades solo podrán contratar estos servicios bajo esquemas de pago por la venta y mantenimiento del equipo, eliminando cualquier vínculo directo con la recaudación de sanciones.
La tercera modificación legal introducida por la ley se relaciona con la administración de los peajes en escenarios de conflicto interno. En caso de que se declare un estado de conmoción interna, el Presidente de la República podrá ordenar que el cobro de peajes se realice de forma automática a través de dispositivos electrónicos, sin necesidad de personal en cabinas, una medida que busca garantizar la operación de las vías estratégicas del país en contextos de emergencia.
Estas reformas, que entraron en vigencia el pasado 26 de junio, responden a críticas ciudadanas sobre el mal uso de radares en diversas ciudades, donde se denunciaban supuestos abusos en las sanciones. Con este nuevo marco legal, el Gobierno apunta a fortalecer la transparencia en los sistemas de control de tránsito y a garantizar que cualquier sanción esté respaldada por procesos técnicos validados y legítimos.
