El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo 76 que declara un nuevo estado de excepción en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Manabí. La medida, que regirá por 60 días, busca enfrentar la grave conmoción interna provocada por el aumento sostenido de hechos delictivos y acciones violentas que, según el Ejecutivo, amenazan la seguridad y el orden público en esas jurisdicciones.
El decreto contempla la suspensión de derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, lo que autoriza a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a ejecutar allanamientos e interceptaciones sin necesidad de orden judicial previa. Estas disposiciones se aplicarán dentro del marco de operativos de control y seguridad que, según fuentes oficiales, se intensificarán en los próximos días.
A diferencia de anteriores estados de excepción, esta nueva declaratoria no incluye la imposición de un toque de queda, lo cual marca una diferencia significativa en el manejo del orden público. Desde el Gobierno se sostiene que la prioridad será el refuerzo de la presencia militar y policial, así como el despliegue de acciones focalizadas en las zonas con mayor incidencia criminal.
Uno de los principales antecedentes jurídicos que sustenta esta decisión es el reciente fallo de la Corte Constitucional, emitido el pasado 4 de agosto, que suspendió parcialmente la Ley de Solidaridad Nacional. Dicha norma, aprobada en el marco del conflicto armado interno declarado meses atrás, permitía medidas especiales que quedaron sin efecto tras el pronunciamiento del máximo órgano de control constitucional.
Con este nuevo estado de excepción, el presidente Noboa reafirma su estrategia de mano dura contra el crimen organizado, aunque enfrenta el desafío de sostener estas medidas dentro del marco del Estado de Derecho. Diversos sectores políticos y de derechos humanos han solicitado una fiscalización rigurosa del uso de estas facultades excepcionales para evitar abusos y garantizar que las acciones de seguridad se mantengan dentro de los límites constitucionales.
