La comunidad indígena de San Ignacio, en la parroquia Toacaso (Cotopaxi), anunciará este jueves 21 de agosto la fecha en la que se aplicará justicia indígena a tres agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, quienes fueron retenidos bajo la acusación de estar realizando seguimientos al líder indígena Leonidas Iza, expresidente de la Conaie.
El proceso comunitario inició con una audiencia instalada el miércoles 20 de agosto a las 17:00 y que se extendió hasta las 23:00. La sesión se reanudó la tarde de este jueves con la participación de una comisión de cinco dirigentes encargados de analizar la información extraída de los teléfonos celulares de los policías. Según líderes comunitarios, se encontraron entre 3.500 y 5.000 archivos, incluidos documentos, mensajes y registros, que están siendo revisados para determinar posibles vulneraciones a los derechos colectivos.
Durante este procedimiento, que se desarrolla bajo el marco de la justicia indígena reconocida por la Constitución ecuatoriana, aproximadamente 200 comuneros asisten como observadores y participantes del debate, que se realiza en forma de asamblea. Los comuneros alegan que los policías ingresaron sin autorización a un territorio administrado por la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi.
Mientras tanto, las autoridades nacionales mantienen silencio. La Gobernación de Cotopaxi, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior no han emitido pronunciamientos públicos. La única declaración oficial provino de la Fiscalía, que señaló que los uniformados realizaban diligencias dentro de una investigación previa, sin precisar si esta involucra directamente a Iza.
Rafael Negrete, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), informó que los policías se encuentran en buen estado de salud, reciben alimentación y atención médica, y que ya no están amarrados, sino alojados en cuartos separados dentro de la sede comunitaria. La comunidad ha reiterado que el procedimiento busca esclarecer responsabilidades sin vulnerar la integridad física de los agentes.