La Ley de Integridad Pública ya está oficialmente en vigencia tras su publicación en el Registro Oficial este 26 de junio. Se trata de un paquete legal aprobado de forma exprés en apenas 48 horas y que reformó más de 20 cuerpos legales, en medio de cuestionamientos por su contenido y la forma en que se tramitó.
Esta ley fue presentada por el presidente Daniel Noboa como un proyecto económico urgente enfocado inicialmente en la contratación pública. Sin embargo, durante el debate en la Comisión de Desarrollo Económico, el texto cambió de nombre, de propósito y terminó incluyendo reformas judiciales, tributarias, financieras e incluso al Código de la Niñez y Adolescencia.
Uno de los puntos que más controversia ha generado es el endurecimiento de penas para adolescentes infractores, en un contexto de creciente inseguridad. También se incorporó una nueva remisión tributaria, válida solo para deudas con el Servicio de Rentas Internas, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como un alivio fiscal dirigido.
Otro cambio significativo es que ciertas cooperativas de ahorro y crédito podrán convertirse en bancos, una decisión que podría redibujar el mapa del sistema financiero ecuatoriano en los próximos años. Además, se introdujeron modificaciones al régimen del servicio público y al sistema monetario.
La ley fue aprobada con 84 votos a favor y 62 en contra, con dos abstenciones. Varios legisladores denunciaron la inclusión de artículos a última hora sin el debido análisis. Ahora, el desafío será su aplicación en medio de un ambiente político tenso y con una ciudadanía atenta al impacto real de esta norma que llegó como una reforma y terminó siendo una reestructuración profunda.
