A casi cuatro meses de haber abandonado el centro penitenciario de Ambato, Mayra Salazar, exrelacionista pública de la Corte de Justicia del Guayas y condenada por el caso Metástasis, reapareció públicamente a través de sus redes sociales para declarar que sigue siendo blanco de ataques por parte de individuos sentenciados y otros actualmente prófugos de la justicia. La comunicadora compartió un video de poco más de un minuto en su cuenta de Instagram la noche del jueves 10 de julio, donde abordó su implicación en uno de los casos más relevantes de corrupción judicial vinculados al narcotraficante Leandro ‘El Patrón’ Norero.

En la grabación, Salazar aseguró que su retorno a la vida pública representa una «segunda oportunidad» y que su intención no es justificarse, sino relatar su versión de los hechos. También enfatizó que colaboró activamente con las autoridades para desmontar una red de corrupción judicial. “Colaboré con la justicia ecuatoriana y ayudé a desarticular a corruptos que jugaban con el poder”, afirmó.

Salazar fue una pieza clave en la investigación al haber facilitado presuntos vínculos entre Norero y jueces de Guayas y Cotopaxi. A cambio de su cooperación con la Fiscalía, accedió a un procedimiento abreviado y cumplió una pena de 15 meses por delincuencia organizada. Fue liberada el 14 de marzo de 2025 bajo estrictas medidas de seguridad, luego de enfrentar al menos diez atentados durante el proceso.

Actualmente fuera del país, la exfuncionaria recalcó que aún recibe amenazas y cuestionamientos de personajes involucrados en la trama de corrupción judicial. A pesar de haber sido inhabilitada permanentemente para ocupar cargos dentro de la Función Judicial, declaró que su historia apenas comienza. “Aquí empieza mi propósito”, expresó, en un mensaje que combina reflexión personal y denuncia.

En el caso Metástasis estuvieron implicados jueces, fiscales, abogados, policías y funcionarios que formaban parte de una estructura criminal. Además, Salazar tuvo un rol clave como delatora en el caso Purga, en el que fueron condenados el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo.