El Gobierno de México volvió a solicitar formalmente al Ejecutivo de Ecuador que emita un salvoconducto a favor del exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. La petición se fundamenta en consideraciones humanitarias y en la aplicación de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, luego de que la justicia ecuatoriana impusiera una nueva condena de 13 años de prisión a Glas por el delito de peculado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló en un comunicado que el estado de salud de Glas es delicado y pidió a Ecuador adoptar medidas humanitarias urgentes para garantizar su integridad física, en cumplimiento de la Resolución No. 13/2025 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicitó protección especial al detenido. La Cancillería también reiteró su exigencia de que se respete el derecho al asilo diplomático, concedido por México en abril pasado, bajo principios constitucionales y del derecho internacional.
La renovada solicitud mexicana surge en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países. En abril de 2024, fuerzas ecuatorianas ingresaron por orden del presidente Daniel Noboa a la Embajada de México en Quito para detener a Glas, quien ya había recibido asilo por parte del Gobierno mexicano. El hecho generó la ruptura de relaciones bilaterales y un proceso en curso ante la Corte Internacional de Justicia por la presunta violación a la inviolabilidad de las misiones diplomáticas.
Jorge Glas, figura clave del correísmo entre 2007 y 2017, acumula ya tres condenas por casos de corrupción, incluyendo los relacionados con Odebrecht y la red de sobornos que involucró a altos funcionarios del gobierno anterior. A pesar de haber sido liberado en 2022 por una decisión judicial cuestionada, fue nuevamente perseguido por la justicia ecuatoriana y, ante un nuevo proceso penal, solicitó asilo en la sede mexicana a finales de 2023.
México sostiene que su decisión de otorgar asilo se basó en una evaluación jurídica conforme a los artículos I, IV y IX de la Convención de Caracas, mientras que Ecuador acusa a México de haber incurrido en abuso del derecho de asilo. En tanto, la situación de Glas se convierte en un nuevo foco de atención internacional, tanto por sus implicaciones legales como por el debate geopolítico sobre la protección diplomática frente a delitos comunes.
