La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación por lo que considera amenazas graves a la independencia de la Corte Constitucional (CC) del Ecuador. A través de un hilo en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la funcionaria denunció una serie de presiones ejercidas por otros poderes del Estado tras decisiones judiciales que suspendieron artículos clave de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo bajo el carácter de urgencia económica y de seguridad nacional.
Las leyes en cuestión, la Ley de Inteligencia, la Ley de Solidaridad y la Ley de Integridad Pública, fueron propuestas por el presidente Daniel Noboa. Según Satterthwaite, varios de sus artículos habrían permitido la recopilación de inteligencia sin orden judicial previa, además de introducir reformas relacionadas con el financiamiento político ilícito y la justicia tributaria. La Corte Constitucional suspendió temporalmente ciertos apartados de estas normativas, lo que generó una fuerte reacción desde el Gobierno.
En sus declaraciones, la relatora de la ONU criticó directamente a la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, quien, según sus palabras, acusó a la Corte de debilitar la democracia y de empoderar a grupos delictivos. Rovira calificó el fallo del tribunal como una amenaza a la seguridad pública y a la voluntad popular, encendiendo aún más las tensiones entre el Ejecutivo y el órgano de justicia constitucional.
Satterthwaite también cuestionó el contenido de la reciente propuesta de consulta popular presentada por el presidente Noboa, específicamente la pregunta número seis, que busca que los jueces de la Corte puedan ser sometidos a juicio político. A criterio de la funcionaria, esta iniciativa podría representar una forma de presión institucional. Recalcó que, conforme al derecho internacional y los estándares de derechos humanos, los jueces deben estar protegidos de injerencias políticas y de represalias, señalando que su rol como garantes del orden constitucional es fundamental para el mantenimiento de la democracia.
Las advertencias de la relatora especial se suman al pronunciamiento de Human Rights Watch (HRW). Juanita Goebertus, directora de la División para las Américas de la organización, también expresó su rechazo a lo que denominó “ataques” del Gobierno y la Asamblea Nacional contra la Corte Constitucional. En un video compartido en redes sociales, donde aparecen la ministra Rovira y el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, ambos acusan a la Corte de despojar a los ciudadanos del respaldo esperado por parte del Estado. Goebertus insistió en que la Corte debe actuar libre de presiones y que su labor es esencial para proteger el Estado de Derecho en Ecuador.
