Un proyecto de ley presentado por el asambleísta Santiago Díaz, ahora separado de la bancada de Revolución Ciudadana (RC) y denunciado por presunta violación a una menor, ha generado un amplio debate público y político en el país. La propuesta, ingresada el 3 de julio de 2025 a la Secretaría de la Asamblea Nacional, incluye reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que buscan, entre otras cosas, elevar las penas por femicidio y, de manera polémica, establecer los 14 años como edad mínima para consentir relaciones sexuales.
El documento contó con la firma de 10 legisladores correístas: Christina Jácome, Franklin Samaniego, Roque Ordóñez, Arisdely Parrales, Diego Salas, Juan Pablo Molina, Patricia Núñez, Nanki Saant, Eustaquio Tuala y Ledy Zúñiga. Según lo estipulado por la Constitución, al menos ocho firmas son necesarias para calificar una iniciativa legislativa. No obstante, la coincidencia entre la entrega del proyecto y la denuncia penal contra Díaz, presentada cuatro días después, ha desatado fuertes cuestionamientos y sospechas sobre los verdaderos fines de la reforma.
En redes sociales y medios de comunicación, cuatro de los firmantes han salido a deslindarse de la intención de bajar la edad de consentimiento sexual. Alegan que respaldaron el proyecto únicamente por el endurecimiento de las penas en casos de femicidio. Christina Jácome y Juan Pablo Molina, ambos representantes de Guayas, rechazaron haber apoyado cualquier contenido que implique reducir garantías a menores de edad. Roque Ordóñez y Ledy Zúñiga también aseguraron que su respaldo fue en ese contexto específico, y pidieron que se corrija la interpretación de su firma.
El artículo cuestionado hace referencia a una sentencia de la Corte Constitucional de 2021, la cual reconocía la posibilidad de consentimiento sexual entre adolescentes mayores de 14 años, bajo ciertos parámetros. Sin embargo, la Corte también dejó claro que no se despenaliza el abuso cuando existe una relación asimétrica entre un menor y un adulto. Díaz replicó el texto de esta sentencia en su propuesta, lo que fue interpretado por sus críticos como un intento de crear condiciones legales más laxas, en medio de una grave acusación penal en su contra.
Tras la denuncia, Santiago Díaz fue expulsado de Revolución Ciudadana y pidió licencia sin remuneración para enfrentar el proceso legal. La Fiscalía, por su parte, allanó tres inmuebles vinculados al legislador este 9 de julio, donde incautó documentos y dispositivos electrónicos como parte de la investigación. El caso no solo pone bajo la lupa el actuar individual de Díaz, sino que ha generado cuestionamientos al proceso de revisión y firma de proyectos dentro de las bancadas legislativas, en un contexto donde la confianza ciudadana hacia el sistema político sigue en crisis.
