Con 84 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó la esperada Ley Orgánica de Integridad Pública, una normativa que promete ser un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción, la violencia institucional y el despilfarro de fondos públicos. El proyecto, calificado como urgente en materia económica y remitido por el Ejecutivo, fue debatido intensamente en el Pleno y con su aprobación se reformaron cerca de 20 cuerpos legales.
Entre los cuerpos legales modificados destacan el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley de la Contraloría, el Código Monetario y Financiero, así como la Ley de la Función Judicial. Esta amplia reestructuración responde a una lógica de urgencia frente al deterioro institucional y el incremento de delitos vinculados al crimen organizado y la corrupción.
Uno de los cambios más relevantes se concentra en la contratación pública. La normativa incluye mecanismos de evaluación de funcionarios y simplificación de procesos de contratación pública, con énfasis en la transparencia. Se estima que entre el 10% y el 30% de los recursos públicos destinados a proyectos se pierden por corrupción.
También se introducen reformas controvertidas, como la posibilidad de juzgar a adolescentes infractores como adultos en delitos mayores a 10 años de prisión. En ese marco, el informe legislativo alerta sobre el crecimiento de la participación de menores en estructuras criminales: solo en 2024, se detuvo a 2.777 adolescentes. Además, se endurecen las penas por prevaricato y se establece que el Presidente de la República tendrá la facultad directa de nombrar al gerente del Banco Central.
La ley aprobada será remitida al Presidente para observaciones o para que ordene su publicación en el Registro Oficial. Estaba calificada como “urgente en materia económica”, por lo que la Asamblea tenía 30 días para pronunciarse, pero lo hizo tres días antes que concluya el plazo.
