El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, anunció que el sistema judicial ecuatoriano será declarado en emergencia a partir de agosto, ante el grave deterioro de su infraestructura, la falta de personal y recursos tecnológicos. La medida busca movilizar fondos y adoptar acciones urgentes para atender una crisis que se agrava año tras año.
Durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional, Godoy detalló que de las 245 dependencias judiciales del país, 124 presentan condiciones críticas y otras 87 enfrentan un deterioro progresivo. Solo en infraestructura, tecnología, mobiliario y transporte, la institución necesita una inversión inicial de USD 200 millones para superar las deficiencias acumuladas.
Uno de los principales cuellos de botella es el déficit de personal. La Judicatura calcula que se necesitan 753 nuevos jueces, cuya contratación implicaría USD 50,4 millones, más otros USD 22,9 millones para el equipo de apoyo necesario: secretarios, gestores y citadores. A esto se suman los requerimientos de la Fiscalía, que estima una necesidad de 600 nuevos agentes fiscales con un presupuesto de USD 58,6 millones.
La Defensoría Pública, por su parte, solicita una inversión de USD 30 millones para renovar infraestructura y cubrir la salida de 22 defensores. Además, plantea la contratación de 100 nuevos defensores con un costo adicional de USD 3,2 millones. Sin embargo, todas estas incorporaciones demandarían nuevas oficinas, salas de audiencias y equipamiento, cuyos costos aún no han sido definidos.
En total, el sistema de justicia requiere al menos USD 364 millones para cubrir necesidades urgentes, de los cuales USD 134 millones deberían mantenerse como presupuesto anual por concepto de remuneraciones. Esta cifra implicaría duplicar el presupuesto actual de la Judicatura para el año 2025, en un contexto en que la administración de justicia enfrenta una presión creciente y recursos cada vez más escasos.
