La Asamblea Nacional ha iniciado un proceso de depuración institucional sin precedentes, tras la entrada en vigor de una reforma al artículo 7 del Reglamento Interno de Administración del Talento Humano. Esta modificación, que prohíbe la contratación de familiares de funcionarios de nivel jerárquico superior y no solo de los asambleístas, ha derivado en la salida de 40 servidores públicos, en lo que representa la primera aplicación de una política activa contra el nepotismo en una entidad estatal.

Según datos oficiales, 19 de los funcionarios presentaron su renuncia de forma voluntaria, mientras que los 21 restantes fueron desvinculados por decisión administrativa. La reforma otorga a la Presidencia de la Asamblea Nacional la potestad de terminar contratos del personal vinculado por lazos familiares, sin necesidad del consentimiento del legislador correspondiente. Esta atribución representa un cambio estructural en el manejo del talento humano en el Legislativo.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, ha reiterado que las medidas se aplican “sin excepciones ni privilegios”, alcanzando a personal relacionado con diversas bancadas políticas. Del total de funcionarios desvinculados, 12 pertenecían a Revolución Ciudadana, 10 a ADN, 2 al Partido Social Cristiano y el resto eran funcionarios administrativos. “Las reglas son para todos”, declaró Olsen, subrayando que el objetivo es transformar la institución mediante una gestión transparente.

Antes de esta reforma, prácticas como la contratación cruzada entre despachos no estaban sancionadas legalmente, aunque generaban conflictos éticos. Con la nueva normativa, dichas acciones quedan expresamente prohibidas y su incumplimiento conlleva sanciones inmediatas. El Consejo de Administración Legislativa ha establecido un plazo de 30 días para completar este proceso de depuración.

En cumplimiento de la legislación sobre protección de datos personales, la Asamblea ha garantizado la confidencialidad de la información relacionada con las desvinculaciones. Las autoridades aseguran que el proceso continuará con firmeza, sin distinciones políticas, y con el compromiso de sentar un precedente en la administración pública del país.