Una nueva arista de presunta corrupción judicial fue destapada este 1 de agosto en la provincia de Chimborazo. Un operativo liderado por el Consejo de la Judicatura y ejecutado en conjunto con la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, allanó seis inmuebles en Riobamba, incluyendo el despacho y domicilio de Laura G., jueza de la Sala Civil de la Corte Provincial. La acción forma parte del denominado caso «Bufete con Toga», una investigación por presunta asociación ilícita con fines de tráfico de influencias y usurpación de funciones.
Según la Fiscalía General del Estado, durante los allanamientos se levantaron documentos, equipos electrónicos y otros indicios que podrían confirmar la existencia de una red en la que operadores de justicia, presuntamente, entregaban borradores de sentencias a abogados particulares para su comercialización. Las oficinas de los abogados Jorge M., Cristina S. y de una persona jurídica también fueron intervenidas como parte de la recopilación de pruebas.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, confirmó que este operativo es parte de un plan de depuración del sistema judicial. “No se trata de casos aislados. Estamos desmontando estructuras con base en evidencia concreta”, afirmó en un video difundido por la institución. Además, anunció que se han presentado denuncias penales por posibles delitos de concusión y simulación de funciones, y que se iniciarán las acciones disciplinarias correspondientes.
Godoy enfatizó que el caso «Bufete con Toga» pone en evidencia una práctica sistemática y perversa dentro de ciertos sectores de la justicia. De comprobarse las acusaciones, se trataría de uno de los escándalos judiciales más graves registrados en la provincia andina en los últimos años, con implicaciones que podrían alcanzar a más funcionarios y litigantes.
Aunque por ahora no se han reportado detenciones, la Fiscalía aclaró que la causa se encuentra en fase preliminar. No se descarta que, en los próximos días, se soliciten medidas cautelares o vinculaciones adicionales dentro del proceso penal, mientras se avanza en la verificación de los vínculos entre jueces y abogados investigados.
