El presidente Daniel Noboa envió este martes 29 de julio a la Asamblea Nacional su cuarto proyecto de ley con carácter de urgente en materia económica. La propuesta, denominada Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, establece nuevas obligaciones para fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG) y entidades sin fines de lucro, enfocadas en la rendición de cuentas y el cumplimiento tributario.

La iniciativa incluye 15 artículos y varias disposiciones complementarias. Entre los puntos clave, se exige que todas las organizaciones mencionadas, tanto nacionales como extranjeras, se registren en un Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS), con un plazo máximo de 90 días desde la entrada en vigencia de la norma. Además, deberán presentar reportes detallados de sus movimientos financieros ante las autoridades fiscales.

Una de las disposiciones transitorias del proyecto establece que los fondos retenidos en procesos judiciales por delitos como lavado de activos, fraude o financiamiento del terrorismo serán transferidos a una cuenta controlada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Según Noboa, actualmente estos recursos permanecen en el sistema financiero privado sin supervisión estatal, lo que representa una falla estructural.

El proyecto también propone reformas a varias leyes vigentes, incluyendo la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Prevención de Lavado de Activos, la Ley del Régimen Tributario Interno y la normativa que rige al sector de economía popular y solidaria.

Con esta propuesta, el Ejecutivo suma su cuarto proyecto económico urgente desde el 24 de mayo de 2025. Las anteriores fueron las leyes de Solidaridad, Integridad y Áreas Protegidas. La calificación de “urgente” permite al Gobierno acortar los plazos legislativos y obtener una respuesta del Parlamento en un máximo de 30 días.