El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó este viernes 11 de julio un proyecto de reforma parcial a la Constitución con el objetivo de incorporar la castración química como sanción adicional para los agresores sexuales, junto con penas privativas de libertad. La iniciativa busca modificar el marco legal ecuatoriano para endurecer las consecuencias penales por delitos sexuales, especialmente en casos que involucren a menores de edad.
A través de redes sociales, Noboa aseguró que “los violadores merecen la castración química y pagar con cárcel”, y añadió que este será el momento en que la Asamblea Nacional deberá demostrar “quiénes están verdaderamente con las víctimas y quiénes dispuestos a proteger a los abusadores”. La referencia se da en un contexto marcado por la reciente denuncia de violación contra el legislador Santiago Díaz, de la Revolución Ciudadana.
Según el artículo 442 de la Constitución, toda reforma parcial debe ser calificada por la Corte Constitucional (CC), que evaluará si el procedimiento planteado es el adecuado y si la propuesta se ajusta a los principios fundamentales. Solo con su dictamen favorable podrá pasar a la Asamblea Nacional, donde se requerirá el voto afirmativo de al menos 77 legisladores en dos debates distintos.
Una vez superado ese paso, la reforma deberá ser sometida a referéndum obligatorio, lo que implicaría una votación ciudadana para ratificar o rechazar la medida. El Código Penal actual ya contempla penas de hasta 22 años por violación a menores, pero el Ejecutivo busca establecer un mecanismo más severo y simbólico.
La propuesta ha encendido el debate en varios sectores sociales y políticos. Mientras grupos a favor de víctimas celebran la iniciativa como un acto de justicia y prevención, organizaciones de derechos humanos y expertos legales advierten sobre posibles vulneraciones a la integridad física, la proporcionalidad de la pena y principios médicos, abriendo un complejo camino de discusión jurídica y ética.
