El ministro del Interior, John Reimberg, denunció este 11 de julio que agencias de tránsito como las de Manta y Durán, actualmente bajo control de la Policía Nacional, operaban como verdaderos “centros de vacunación y extorsión”. En entrevista con Radio Centro, el funcionario aseguró que estas dependencias han sido infiltradas por grupos delincuenciales organizados, que desvían fondos públicos para actividades ilícitas como compra de armas, drogas y pago a sicarios.
Reimberg reveló que una investigación de la Policía Judicial permitió descubrir un centro clandestino de matriculación vehicular en una vivienda ubicada en Portete, al suroeste de Guayaquil. En el lugar se hallaron miles de especies de revisión y matrícula vehicular de al menos 24 cantones, incluidas agencias de ciudades como Quito, Rumiñahui, Ambato y Naranjal. Según el ministro, este hallazgo refuerza la hipótesis de que amplias redes de corrupción estarían operando dentro y fuera del sistema formal.
“El dinero de la corrupción en estas agencias termina en manos de bandas criminales”, advirtió Reimberg, al señalar que estas estructuras han sido cooptadas por organizaciones delictivas. El caso de Portete ya fue judicializado, y se mantiene activa la búsqueda de otro sospechoso involucrado en la red de falsificación.
Durante los operativos ejecutados en Manta el 10 de julio, el Gobierno detectó otro problema alarmante: empleados de la agencia local no han recibido salarios en más de cuatro meses, sin que haya trascendido una protesta pública por ello. El ministro cuestionó este silencio y sugirió que puede estar relacionado con el control de grupos externos.
Frente a la falta de personal policial para tomar control de todas las agencias comprometidas, Reimberg reconoció limitaciones operativas. “Por supuesto que no alcanza”, dijo. A pesar de ello, aseguró que el Ministerio del Interior priorizará intervenciones donde la situación sea más crítica. Estas acciones forman parte de una estrategia nacional para recuperar la institucionalidad y desarticular redes ilegales incrustadas en organismos públicos.
