La deuda del exvicepresidente Jorge Glas con el Estado ecuatoriano ha alcanzado los 132,8 millones de dólares, tras la más reciente sentencia por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Este nuevo fallo, emitido el pasado 30 de junio por un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia, impone a Glas una reparación integral de 125 millones de dólares, el valor más alto entre los tres procesos judiciales por los que ha sido condenado.

El tribunal, presidido por la jueza Mercedes Caicedo, encontró a Glas y al exsecretario Carlos Bernal responsables del uso indebido de los fondos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016. Aunque la sentencia aún no está en firme y la defensa anunció una apelación, la resolución establece un monto considerable de indemnización para el Estado, al considerar que los acusados priorizaron obras sin relación directa con la emergencia nacional.

Este nuevo caso se suma a las condenas previas por los casos Odebrecht y Sobornos. En el primero, Glas fue sentenciado en 2017 a seis años de prisión por asociación ilícita y obligado a pagar 33,4 millones de dólares junto con otros involucrados. En el segundo, una sentencia de 2020 impuso una condena de ocho años de cárcel y una reparación de 778.224 dólares por cohecho, que debía cubrir junto al expresidente Rafael Correa. En ambos procesos, Glas no ha cancelado los valores establecidos.

Según la Procuraduría General del Estado, existen al menos ocho bienes registrados a nombre de Glas o de sus hijos, entre ellos departamentos, estacionamientos y un secadero, además de un usufructo vitalicio sobre tres propiedades en Atacames. Sin embargo, el avalúo de estos activos no alcanza para cubrir el total de la deuda acumulada, lo que dificulta la ejecución efectiva de las reparaciones económicas impuestas.

El caso Reconstrucción de Manabí representa el 94% del total que Jorge Glas debe al Estado. Aunque la Procuraduría solicitó inicialmente 221 millones de dólares en reparación, el tribunal fijó una cifra menor pero aún significativa, dividida entre los dos procesados. Mientras la sentencia no quede en firme, el Estado no puede iniciar acciones de cobro, pero la acumulación de fallos convierte a Glas en uno de los mayores deudores individuales por corrupción en la historia reciente del Ecuador.