Este jueves 10 de julio de 2025, el Gobierno Nacional ejecutó una intervención oficial en la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Manta (Manta EP), como parte de una operación liderada por el ministro del Interior, John Reimberg, en medio de sospechas de corrupción, manipulación de sistemas informáticos y presuntos vínculos con el crimen organizado. Esta acción se enmarca dentro de una serie de operativos similares, como el realizado recientemente en Durán.
El ministro Reimberg explicó que la intervención tiene como objetivo levantar información clave sobre el funcionamiento interno de la empresa, que maneja competencias de tránsito, movilidad, seguridad vial y transporte. Los servicios fueron suspendidos por 30 días, aunque no se descarta extender el plazo. En el operativo participaron 290 policías, quienes tomaron control de las instalaciones de la agencia de tránsito y la terminal terrestre.
De acuerdo con Reimberg, la intervención se justifica tras más de dos meses de investigaciones que revelan conexiones entre la institución y José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de la organización narcoterrorista Los Choneros. “Esta empresa era un botín criminal. Fito hacía lo que quería en esta agencia”, afirmó. El ministro detalló que uno de los guardaespaldas de alias Fito, identificado como Cristhian Mendoza, habría trabajado durante 13 años como funcionario dentro del sistema de tránsito de Manta.
Entre las irregularidades detectadas, Reimberg denunció que el sistema informático de la agencia fue hackeado en varias ocasiones, lo que permitió la matriculación de 35.000 vehículos entre enero y julio de 2025, a pesar de que la capacidad real no debía superar los 13.000. «¿Qué información fue la que se subió y se bajó? Eso es lo que estamos investigando», comentó. Además, se detectó que personas de otras provincias acudían a Manta para matricular vehículos, pese a tener agencias de tránsito en sus propias localidades.
El control de las operaciones administrativas y operativas fue asumido por la Policía Nacional, tras la firma de un acuerdo interministerial entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Desde el pasado 6 de julio, 230 agentes policiales ya se encontraban en la ciudad para asumir funciones de tránsito y reforzar la seguridad pública, en lo que el Gobierno considera una medida para recuperar la institucionalidad frente a la infiltración del crimen organizado.
