El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, confirmó este jueves 7 de agosto que 105 funcionarios han sido desvinculados de la institución que lidera. El anuncio fue realizado durante una entrevista en el noticiero de Teleamazonas, como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno de Daniel Noboa para reducir el tamaño del Estado y mejorar la eficiencia institucional.

Estas desvinculaciones forman parte del plan anunciado el pasado 24 de julio por el Ejecutivo, que incluye el despido de 5.000 servidores públicos, así como la fusión de ministerios y secretarías. En total, el número de ministerios se reducirá de 20 a 14, mientras que las secretarías pasarán de nueve a tres. Esta reestructuración está vinculada directamente al cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que Ecuador firmó un programa de financiamiento por 5.000 millones de dólares.

Sin embargo, Luque aclaró que no todas las salidas responden exclusivamente al proceso de reducción del aparato estatal. Algunas desvinculaciones, señaló, se deben a presuntos actos de corrupción detectados dentro del Ministerio de Transporte. “Denunciamos, por ejemplo, a funcionarios que figuran como analistas 6, pero que al mismo tiempo son contratistas del Estado”, afirmó. También mencionó casos de abogados que habrían alertado a terceros sobre procesos internos, actuando en favor de contratistas.

Las presuntas irregularidades han sido notificadas a la Fiscalía General del Estado, y el ministro aseguró que su despacho dará seguimiento a los casos presentados. “Lo sabemos y lo denunciamos. Nuestra gestión será firme con la corrupción”, reiteró Luque durante la entrevista, subrayando que estas acciones buscan recuperar la confianza ciudadana en la administración pública.

Sobre el impacto de la fusión de ministerios, Luque reconoció que todavía no se puede determinar con precisión cuántos funcionarios más serán separados de sus cargos. No obstante, advirtió que “las desvinculaciones no son el objetivo de la fusión, pero sí pueden ser una consecuencia”. El ministro concluyó señalando que la intención del Ejecutivo es optimizar funciones sin afectar competencias ni presupuesto, y que la prioridad será mantener un Estado más eficiente y transparente.