En medio de un clima de tensión institucional, el presidente Daniel Noboa reiteró este jueves su llamado a participar en la manifestación convocada para el 12 de agosto, en rechazo a las decisiones de la Corte Constitucional (CC). El pronunciamiento tuvo lugar durante un acto oficial de entrega de chalecos e insumos a agentes penitenciarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), en el que el mandatario aprovechó para defender su agenda de seguridad y lanzar duras críticas a quienes, según él, intentan frenar reformas clave para el país.
“Alzaremos nuestro grito de protesta este próximo martes 12 de agosto, porque no permitiremos que quienes se oponen al trabajo, a la seguridad, a la paz, nos tiren abajo leyes aprobadas para derrotar al terrorismo, a la corrupción y a la pobreza”, sentenció Noboa frente a los funcionarios penitenciarios. Además, acusó a actores no electos de obstaculizar los avances de su Gobierno, en referencia directa a la Corte Constitucional, cuyas decisiones recientes han limitado la aplicación de tres leyes económicas urgentes enviadas por el Ejecutivo.
El conflicto entre el Gobierno Nacional y la Corte Constitucional se agudizó tras la suspensión parcial de artículos de las leyes de Inteligencia, de Solidaridad y de Integridad Pública, presentadas por Noboa bajo el carácter de urgencia económica. Las demandas de inconstitucionalidad fueron interpuestas por organizaciones sociales y sectores académicos, argumentando violaciones a derechos fundamentales y principios constitucionales.
En respuesta a la decisión del alto tribunal, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, aparecieron en un video institucional acompañados por policías y militares, para expresar su rechazo a la suspensión. “Mientras ellos deliberan en sus despachos, ¿quién va a darles respuestas a los que están jugándose la vida en las calles?”, cuestionó Rovira, subrayando la importancia de las normas aprobadas para la estrategia de seguridad del Gobierno.
Otro punto sensible en la relación entre el Ejecutivo y la Corte es la propuesta incluida en la consulta popular impulsada por Noboa, que plantea la posibilidad de enjuiciar políticamente a los jueces del organismo. Aunque esta medida ha sido interpretada por sectores críticos como un intento de represalia, Rovira aclaró en una entrevista reciente que no se trata de una retaliación, sino de una herramienta para fortalecer el sistema democrático y la responsabilidad institucional.
La tensión institucional continúa escalando, y el 12 de agosto se perfila como una fecha clave para medir el respaldo ciudadano a las reformas del Gobierno y su confrontación con la Corte Constitucional.
