El caso por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio ya tiene jueza asignada. Se trata de María Daniela Ayala, de la Unidad Judicial Penal de Pichincha, quien fue designada por sorteo el lunes 18 de agosto para conocer el proceso por magnicidio, en reemplazo temporal de la jueza titular Karen Matamoros. Esta designación se dio horas después de que la fiscal Ana Hidalgo solicitara fecha para formular cargos contra cuatro presuntos autores intelectuales.

La Fiscalía General del Estado prevé imputar al exministro del correísmo José S.; al empresario Xavier J., procesado en el caso Metástasis; al exasambleísta Ronny A. (Revolución Ciudadana); y a Daniel S., actualmente detenido por casos de corrupción en la justicia y el sistema de salud. Según Hidalgo, la investigación ha permitido reunir «sólidos elementos de convicción» que vinculan a los mencionados con el crimen ocurrido el 9 de agosto de 2023.

Ayala, ahora responsable de dirigir el proceso, reemplaza temporalmente a Matamoros, quien es recordada por una polémica sentencia en 2017 contra miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción. La jueza deberá fijar una fecha para la audiencia de formulación de cargos, en la que la Fiscalía presentará su teoría del caso, los indicios recabados y las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la comparecencia de los investigados.

El caso ha generado expectativa nacional, ya que Villavicencio, asesinado a plena luz del día en Quito durante la campaña presidencial, había denunciado amenazas provenientes de estructuras criminales y actores políticos. Su familia, encabezada por Amanda Villavicencio, expresó que esta audiencia representa apenas un primer paso en la lucha por justicia. “Fernando señaló a estas personas en vida. Nosotros hemos sido amenazados y difamados desde entonces”, sostuvo.

La audiencia de formulación de cargos aún no tiene fecha, pero representa un punto de inflexión en una causa que ha estado marcada por el silencio, la demora judicial y la exigencia social de verdad y reparación. La ciudadanía y los observadores internacionales estarán atentos a la conducción del proceso y a las garantías de independencia judicial en un caso que pone a prueba el sistema de justicia del Ecuador.