En un contexto de creciente confrontación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, el presidente de la República, Daniel Noboa, convocó este martes 6 de agosto a una movilización ciudadana para el próximo martes 12, con el objetivo de ejercer presión directa sobre el máximo órgano de control constitucional del país. La convocatoria se realizó durante un evento con agricultores en Daule, provincia del Guayas.
«Es importante entender el momento que estamos viviendo ahora», expresó el mandatario, en alusión a la nueva consulta popular que planea presentar en las próximas horas ante la Corte. Durante su intervención, Noboa criticó abiertamente a los jueces constitucionales, acusándolos de entorpecer las reformas legales impulsadas por su administración. “No podemos permitir que nueve personas entronadas, que ni siquiera quieren aparecer en foto, nos tiren abajo las leyes que pueden dar seguridad y paz a nuestras familias”, afirmó.
El anuncio presidencial se da en medio de un proceso de revisión constitucional de tres leyes económicas urgentes enviadas por el Ejecutivo: las leyes de Inteligencia, Solidaridad e Integridad. La Corte ya ha suspendido parcialmente algunos artículos de estas normativas por considerar que podrían contravenir principios constitucionales, decisión que generó una dura reacción desde el Gobierno.
En respuesta, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, junto al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, difundieron un video en el que rechazaron la actuación de la Corte, respaldados por policías y militares. Rovira cuestionó el rol del alto tribunal: “Mientras ellos deliberan en sus despachos, ¿quién va a darles respuestas a los que están jugándose la vida en las calles?”, dijo, reforzando la narrativa del Ejecutivo sobre la desconexión de la Corte con la realidad social del país.
La movilización convocada por el presidente se dirigirá a la sede de la Corte Constitucional, ubicada en el sector de La Mariscal, en el centro-norte de Quito. La propuesta de consulta popular que presentará el Ejecutivo incluye una pregunta polémica sobre el control político de la Asamblea Nacional sobre los jueces constitucionales, lo que ha generado preocupación en organismos internacionales. Estos han advertido sobre una posible injerencia del Ejecutivo en funciones jurisdiccionales, elevando el nivel de tensión institucional en el país.
