Tras la difusión de un video que muestra un violento altercado entre dos estudiantes de un colegio fiscal de Quito, el asambleísta Alfredo Serrano (PSC), quién pertenece a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, solicitó la comparecencia inmediata de la ministra de Educación, Alegría Crespo, ante dicha Comisión. La petición busca conocer las acciones concretas que el Ministerio ha implementado para prevenir episodios de agresión dentro y fuera de los planteles educativos.
La presidenta de la Comisión, Cecilia Baltazar (Pachakutik), recibió la solicitud y no descartó incluir el tema como punto prioritario en la próxima agenda del organismo. Serrano insistió en que se necesita una política nacional contra la violencia escolar y una evaluación profunda sobre la eficacia de los protocolos actuales que maneja el Ministerio de Educación.
En su intervención, el legislador enfatizó que este tipo de situaciones revelan una crisis estructural en el sistema educativo: falta de control, escasa atención psicológica y deficiente formación en resolución de conflictos. La solicitud de comparecencia pretende que la ministra Crespo explique también los niveles de inversión, cobertura de programas de convivencia escolar y posibles sanciones institucionales en este caso específico.
El hecho, que ocurrió en el parque Itchimbía y se viralizó el 24 de junio, ha generado indignación en la opinión pública. En las imágenes se observa a una estudiante agrediendo físicamente a su compañera mientras otros alumnos observan sin intervenir. Para Serrano, este episodio es más que un incidente aislado: «Degrada la situación de los colegios y de la juventud», señaló con preocupación durante la sesión legislativa.
El Ministerio de Educación confirmó que la estudiante agresora continuará su proceso educativo desde casa como medida preventiva. Esta decisión forma parte de los protocolos oficiales activados para evitar la repetición de hechos violentos, mientras se garantiza su derecho a la educación. Entre las acciones ejecutadas están la separación inmediata de la agresora, reuniones con los padres de ambas estudiantes, apoyo emocional a las familias involucradas, y la notificación del caso a la Fiscalía General del Estado.
La medida no equivale a una expulsión, la cual solo puede aplicarse tras un debido proceso legal ante la Junta Distrital de Resolución de Conflictos. Además, también se informó que los estudiantes que estuvieron presentes en el hecho, aunque no participaron directamente, han sido identificados y están siendo evaluados bajo los mismos protocolos por violencia entre pares.
