El Servicio de Rentas Internas (SRI) anunció este 30 de junio que el Estado ecuatoriano recuperará más de USD 9 millones que dos empresas deberán pagar como parte de sus obligaciones tributarias, luego de que la Corte Constitucional declarara inválidas decisiones judiciales que habían eliminado esas deudas. Las sentencias, según el SRI, fueron resultado de acciones de protección tramitadas de forma irregular por jueces y abogados en beneficio de los contribuyentes.
Las empresas implicadas son Koval Management Kovmanag S.A. y Constructora Carlo Poggi Barbieri S.A.. La primera deberá devolver al fisco USD 6,8 millones y la segunda, USD 2,5 millones. En ambos casos, la Corte consideró que las decisiones judiciales previas fueron tomadas con abuso del derecho y sin respeto al principio de seguridad jurídica.
El SRI denunció que estas acciones fueron parte de un patrón de complicidad entre abogados, operadores judiciales y contribuyentes, y recordó que las deudas anuladas ya contaban con sentencias firmes y ejecutoriadas. El organismo advirtió que seguirá enfrentando lo que calificó como un “negociado de fallos judiciales” que busca lesionar las finanzas públicas.
En el caso de la constructora, la Corte encontró que los jueces provinciales pasaron por alto una resolución judicial anterior sobre el mismo tema, lo que constituye dolo. Por eso, ordenó remitir el caso a la Fiscalía General del Estado para determinar si se cometió alguna infracción penal.
El SRI reafirmó su compromiso de aplicar todas las medidas legales necesarias para proteger los recursos públicos. Según su comunicado, estas acciones buscan impedir que se repitan intentos de evadir el pago de impuestos a través del uso indebido de recursos judiciales.