Petroecuador anunció la desvinculación de 70 funcionarios que percibían sueldos desproporcionados, como parte de un plan para depurar distorsiones salariales en la empresa pública. Según el comunicado oficial, esta decisión generará un ahorro de USD 1,71 millones al año, sin afectar las operaciones estratégicas de la compañía.
La medida se enfoca en personal cuyas remuneraciones superaban en más del 100% el valor correspondiente a sus puestos, e incluso sobrepasaban los sueldos de gerentes y subgerentes. Petroecuador señaló que esta situación violaba principios de equidad y uso responsable de fondos públicos, por lo que se tomó acción inmediata.
El proceso de despido se sustentó en análisis técnicos, ajustados a la normativa vigente, y respetó los derechos laborales de los trabajadores. Además, se excluyó a personas con condiciones prioritarias como discapacidad, enfermedades catastróficas, o mujeres embarazadas y en lactancia.
«En algunos casos, las remuneraciones mensuales superan incluso a las de gerentes y subgerentes de la empresa, situación que contraviene los principios de proporcionalidad, equidad y uso responsable de los recursos públicos», indicó Petroecuador. Además, afirma que continuará revisando sus estructuras internas para garantizar transparencia, eficiencia y sostenibilidad financiera en el manejo de recursos públicos.
Se destaca que, en marzo de este año, el Ministerio de Trabajo emitió el Acuerdo Ministerial MDT-2024-039, que establece que el sueldo de los trabajadores del sector público, incluyendo a las empresas públicas, no puede ser mayor que el del Presidente. La ministra de Trabajo, Patricia Núñez, había informado que había «sueldos dorados» en varias empresas públicas, incluyendo a Petroecuador.
