El Estadio Olímpico Atahualpa vuelve a ser propiedad legal de la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP), luego de que un juez de la Unidad Judicial Norte de Quito aceptara una acción de protección presentada por el interventor de esa institución y determinara que varios derechos constitucionales fueron vulnerados por el Municipio de Quito.
La sentencia representa un duro golpe para la administración del alcalde Pabel Muñoz, que en junio impulsó la inscripción del estadio como bien municipal. Según el fallo, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito (GADDMQ), el Concejo Metropolitano, su Procurador Síndico y el Procurador General del Estado violaron el derecho al debido proceso, la seguridad jurídica y la garantía de motivación.
Entre las medidas de reparación, el juez ordenó anular la resolución CDMQ-048-2025, revertir todos los actos posteriores y restituir la propiedad del estadio a la CDP, con base en la donación original de 1966. Además, se exige al Municipio emitir disculpas públicas y difundir la sentencia por un mes en todas sus plataformas institucionales.
El fallo también dispone que se informe del contenido de la sentencia a todos los servidores municipales y se notifique a la Defensoría del Pueblo, que deberá supervisar su cumplimiento. Esta resolución se da en un contexto en el que la CDP permanece bajo intervención estatal desde abril de 2024, lo que añade un componente político al proceso.
Hasta el momento, ni el Municipio de Quito ni la Procuraduría han anunciado si apelarán la decisión judicial. Mientras tanto, la CDP recupera oficialmente uno de los íconos deportivos más importantes del país, tras meses de disputas legales y administrativas por su titularidad.
