Con 78 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes 26 de agosto de 2025 el proyecto de Ley de Transparencia Social, también conocida como la “Ley de Fundaciones”. La votación fue ajustada, logrando apenas un voto por encima del mínimo requerido (77), y reflejó divisiones claras entre las bancadas legislativas.
El oficialismo, respaldado por parte de los independientes y algunos legisladores de Pachakutik, logró sacar adelante la propuesta, pese al rechazo del correísmo y del Partido Social Cristiano. La bancada de la Revolución Ciudadana denunció que esta normativa podría usarse como herramienta de persecución a organizaciones sociales, y que incluso blindaría políticamente a altos funcionarios del Gobierno y sus allegados.
La ley también recibió críticas desde fuera del Legislativo. Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de asociación, advirtió en redes sociales que, si bien la norma fue mejorada respecto a versiones anteriores, aún mantiene disposiciones problemáticas que deberían ser revisadas.
Desde ADN, ahora con Mishel Mancheno como vocera, se defendió la iniciativa como una medida para combatir el uso de organizaciones sin fines de lucro para el lavado de activos. Según la bancada oficialista, la ley permitirá mayor control sobre los flujos de dinero que manejan las ONG en el país.
Este proyecto representa la cuarta ley con carácter económico urgente aprobada durante la gestión del presidente Daniel Noboa, reflejando el avance de su agenda legislativa, pero también evidenciando los desafíos políticos que enfrenta para consolidar una mayoría estable en la Asamblea.
