Desde el viernes 27 de junio de 2025, las entidades del sector público en Ecuador ya no necesitarán el informe de pertinencia y favorabilidad de la Contraloría General del Estado para ejecutar contrataciones. Este cambio, de alto impacto en la gestión estatal, forma parte de la recién aprobada Ley de Integridad Pública, impulsada por el Ejecutivo como proyecto económico urgente y ratificada por la Asamblea Nacional el pasado 24 de junio.
El informe, que hasta ahora era obligatorio, servía para determinar si una contratación era necesaria y cumplía con los requisitos legales. Aunque ya no será un requisito previo, la Contraloría ha señalado que continuará ejerciendo su rol de control posterior, conforme a sus facultades constitucionales, para vigilar el uso adecuado de los recursos públicos.
La normativa establece que solo los procesos de contratación cuya fase preparatoria haya comenzado antes del 26 de junio seguirán requiriendo este informe. Para los nuevos procesos, las entidades públicas deberán seguir lo estipulado en la Ley sin necesidad de este requisito previo, lo que, según el Gobierno, busca agilizar la gestión estatal.
La Ley de Integridad Pública no solo reforma el sistema de contratación pública, sino que introduce modificaciones en más de veinte cuerpos legales, incluyendo leyes relacionadas con el servicio público, el sistema judicial, la niñez y adolescencia, y el sistema financiero. Estas amplias reformas generaron polémica en la Asamblea, ya que el proyecto modificó significativamente su enfoque original durante el trámite legislativo.
Con este cambio, el Gobierno de Daniel Noboa busca reducir los cuellos de botella burocráticos en la contratación estatal. Sin embargo, sectores críticos advierten sobre la necesidad de mantener controles firmes que garanticen la transparencia y la legalidad en el manejo del dinero público.
