El Gobierno y la Asamblea Nacional expresaron su rechazo a la suspensión provisional de varios artículos de las leyes de Integridad Pública, Solidaridad Nacional e Inteligencia, tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional el pasado lunes 4 de agosto. La postura oficial fue difundida mediante un video conjunto protagonizado por la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente de la Asamblea, Niels Olsen.
Rovira cuestionó que la Corte comunicara su decisión a través de un boletín de prensa, señalando que el fallo afecta directamente a las instituciones encargadas de mantener el orden. Según la funcionaria, la suspensión deja desprotegidas a las fuerzas del orden que operan en el marco del combate al crimen organizado. “¿Quién va a darles respuesta a los que están jugándose la vida en las calles?”, preguntó.
Uno de los artículos suspendidos que ha generado mayor preocupación en el Ejecutivo es el número 6 de la Ley de Solidaridad Nacional, que establece las condiciones para invocar un conflicto armado interno, mecanismo utilizado por el Gobierno para justificar la movilización de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en operativos contra grupos criminales.
Desde el Legislativo, Olsen sostuvo que la Corte tiene una “obligación ética y democrática” de explicar públicamente los efectos de su decisión. Afirmó que un boletín no basta para abordar una medida que, a su juicio, compromete la seguridad ciudadana y limita el respaldo legal a las instituciones del Estado.
La Corte Constitucional, por su parte, ha defendido su decisión como parte del procedimiento regular ante la admisión de demandas de inconstitucionalidad, enmarcadas en la protección de derechos fundamentales. Mientras tanto, los artículos en cuestión permanecerán suspendidos hasta que se resuelva de forma definitiva el fondo de las demandas.
