El riesgo país de Ecuador alcanzó los 840 puntos el 14 de julio de 2025, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), lo que representa un incremento de 43 puntos respecto al nivel más bajo de los últimos tres años (797 puntos, registrado el 6 de julio). Este repunte evidencia una creciente desconfianza de los mercados internacionales frente a la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras.
El deterioro del indicador coincide con una severa crisis en el sector petrolero, luego de la suspensión temporal de los dos principales sistemas de transporte de crudo del país: el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). El cierre de ambos condujo a la paralización de más de 2.000 pozos petroleros, lo que redujo la producción en más del 85 % en apenas 10 días, con pérdidas millonarias para el Estado.
La caída en la producción de petróleo —principal fuente de ingresos fiscales— agrava el déficit presupuestario proyectado para 2025, que podría superar los USD 5.000 millones, según estimaciones del Observatorio de la Política Fiscal. “Menos exportaciones significan menos dólares y menor capacidad de gasto público. Esto debilita las reservas internacionales y frena el crecimiento económico”, advirtió Jaime Carrera, director de la entidad.
El riesgo país es un indicador que mide la confianza de los inversionistas internacionales en la estabilidad económica y política de un país. Un mayor puntaje implica un mayor costo de financiamiento externo y limita la llegada de nuevas inversiones, encareciendo además la emisión de deuda soberana.
A pesar de que la elección del presidente Daniel Noboa había contribuido a mejorar el perfil financiero del país en meses anteriores, el nuevo aumento del riesgo país refleja la fragilidad estructural de la economía ecuatoriana y su alta dependencia de la industria petrolera. Analistas coinciden en que, sin una solución rápida a la crisis energética y una reforma fiscal sostenible, los niveles de confianza seguirán deteriorándose.
