La Corte Constitucional (CC) admitió a trámite la acción extraordinaria de protección presentada por el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien busca frenar el proceso de revocatoria de su mandato. La acción fue presentada el pasado 4 de julio, tras alegar vulneraciones a sus derechos durante el desarrollo del procedimiento en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La Sala de Admisión, integrada por las juezas Karla Andrade, Claudia Salgado y el juez José Luis Terán, consideró que el caso posee «relevancia y trascendencia nacional», por lo que recomendó un tratamiento prioritario. En consecuencia, el proceso será conocido por el Pleno de la Corte Constitucional con excepción al orden cronológico habitual, lo que le otorga un carácter urgente dentro del sistema judicial.

En su argumentación, Muñoz sostiene que no fue notificado en ninguna etapa del procedimiento en el TCE, entidad que en marzo pasado ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la entrega de formularios para la recolección de firmas con miras a activar la revocatoria. Según el alcalde, esa omisión afectó su derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

El proceso de revocatoria fue iniciado en agosto de 2024 por el ciudadano Néstor Marroquín, integrante del colectivo Cuida tu Voto, quien acusa al burgomaestre de incumplimiento de funciones y de realizar proselitismo político a favor de la excandidata presidencial Luisa González. El colectivo asegura haber recolectado más de 250.000 firmas, superando con holgura el mínimo del 10% del registro electoral necesario para activar el mecanismo.

Pese a la admisión a trámite por parte de la Corte Constitucional, esta decisión no suspende la ejecución de la sentencia emitida por el TCE. Por ahora, el proceso de revocatoria continúa en fase de sustanciación. La resolución final del Pleno de la Corte será determinante para definir si el proceso sigue adelante o si se reconoce una posible violación de derechos en perjuicio del alcalde capitalino. Mientras tanto, el escenario político en Quito permanece en tensión ante la posibilidad de una consulta popular que podría decidir el futuro del actual gobierno municipal.