El asambleísta Santiago Díaz y el exlegislador Pablo Muentes fueron trasladados este miércoles a la cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en Guayaquil. La medida fue dispuesta por el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI), luego de un informe del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) que advertía sobre riesgos a su integridad física en la Cárcel 4, en Quito, donde ambos se encontraban recluidos.
Santiago Díaz, aún legislador en funciones, enfrenta un proceso penal por el presunto delito de violación a una menor de 12 años, un caso que ha generado una fuerte indignación social y política. El parlamentario fue expulsado del movimiento Revolución Ciudadana (RC), agrupación con la que llegó a la Asamblea Nacional. El 29 de julio, 146 de los 151 asambleístas votaron para exigirle la renuncia, aunque Díaz no ha abandonado su curul.
La controversia en torno a Díaz se intensificó luego de que se conociera que, apenas cinco días antes de que se hiciera pública la denuncia por violación, el legislador presentó una propuesta para reformar el artículo 175 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Su iniciativa pretendía reducir la edad de consentimiento sexual de 18 a 14 años, lo que fue ampliamente rechazado por organizaciones sociales y legisladores de todas las bancadas.
Por su parte, Pablo Muentes cumple una condena de 13 años de prisión por el delito de delincuencia organizada. La justicia lo identificó como líder de una red criminal que manipulaba decisiones judiciales en la Corte Provincial de Justicia del Guayas para obtener fallos favorables a sus intereses. Durante su carrera política, Muentes fue uno de los cuadros visibles del Partido Social Cristiano (PSC), del que ya no forma parte.
Con su traslado a La Roca, Díaz y Muentes compartirán reclusión con otros internos considerados de alta peligrosidad, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas. La decisión del SNAI busca garantizar la seguridad de los privados de libertad y del personal penitenciario, en un contexto nacional marcado por tensiones políticas, cuestionamientos al sistema judicial y una creciente desconfianza ciudadana frente a la actuación de figuras públicas involucradas en casos de corrupción y delitos sexuales.
