El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunció un presunto intento de asesinato contra Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y excandidato presidencial. La alerta fue emitida a través de un comunicado oficial el pasado 18 de agosto, donde se señala directamente a supuestos agentes de inteligencia del Estado como responsables de irrumpir en la comunidad de San Ignacio, en Latacunga, generando un ambiente de temor y poniendo en riesgo la integridad de Iza.
La denuncia fue respaldada por una rueda de prensa de dirigentes del movimiento indígena, en la que se revelaron detalles sobre el seguimiento del que habría sido objeto Iza. Según la versión entregada, miembros de la comunidad lograron interceptar a presuntos agentes encubiertos y revisar sus teléfonos celulares, en los que habrían encontrado mensajes con referencias explícitas al dirigente, incluyendo una frase que decía: “matar al capibara”, apodo con el que se refieren a él.
Leonidas Iza también se pronunció sobre lo sucedido. Afirmó que ha sido seguido en al menos tres ocasiones por personas que se identificaban como policías y que habrían contratado una camioneta en Ambato para perseguirlo y grabarlo. Según su relato, los supuestos agentes incluso habrían solicitado al conductor del vehículo que lo atropelle, lo que reforzó las sospechas de un intento de atentado. Iza aclaró que ya no ostenta ningún cargo dirigencial y que sus recientes críticas al Gobierno las hace “como un ciudadano más”.
El MICC fue enfático en responsabilizar al presidente Daniel Noboa por cualquier agresión o atentado en contra de Leonidas Iza o de otros líderes indígenas. Aseguran que se ha intensificado una campaña de “persecución, hostigamiento, amenazas de muerte y desprestigio” contra el movimiento indígena desde que este ha incrementado sus cuestionamientos a la actual administración.
En respuesta a estos hechos, el MICC declaró una asamblea permanente e indefinida, exigiendo la identificación de los responsables dentro del Gobierno y sanciones para los presuntos agentes de inteligencia involucrados. Además, solicitaron el cese inmediato de lo que consideran una maquinaria de persecución política en contra de los pueblos originarios del Ecuador.
